Karla Méndez
Xalapa, Ver.- La gobernadora, Rocío Nahle García, advirtió que cualquier persona que utilice programas sociales o recursos públicos con fines electorales deberá enfrentar las consecuencias legales correspondientes, al señalar que este tipo de prácticas constituyen un delito electoral.
La mandataria estatal fue cuestionada sobre señalamientos relacionados con el presunto uso de los comités del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) para promover a aspirantes afines al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de cara al proceso electoral de 2027 y una eventual aspiración a la gubernatura en 2030.
De acuerdo con el planteamiento realizado, existen 2 mil 413 comités del FAISPIAM constituidos en comunidades de 109 municipios, cuya estructura, según el señalamiento, podría estar siendo utilizada con fines políticos.
Ante ello, Nahle García afirmó que corresponde a los partidos políticos definir sus propios mecanismos para seleccionar a quienes contenderán por diputaciones locales y federales, pero subrayó que dichas decisiones deben desarrollarse dentro del marco legal.
“Es un delito electoral utilizar los programas federales para promoción electoral o personal.»
La gobernadora agregó que si una persona incirre en un delito electoral puede enfrentar consecuencias que incluso podrían impedirle participar como candidata o candidato.
Nahle García señaló que, independientemente del partido político al que pertenezcan o de las relaciones personales que tengan, quienes hagan uso indebido de recursos públicos deberán ser denunciados.
“Los recursos públicos, esos no pueden utilizarse por nadie.»
La mandataria indicó que su administración tiene la responsabilidad de garantizar que el proceso electoral en Veracruz se desarrolle en condiciones de tranquilidad y paz, al tiempo que los partidos políticos llevan a cabo sus respectivos procesos internos para definir candidaturas.
Asimismo, dijo que respetará los procedimientos internos que determinen los partidos políticos para seleccionar a sus candidatos a diputaciones locales y federales, incluido Morena, partido al que pertenece.
“Cada partido tiene su mecanismo y cada partido hará lo que tenga que hacer, siempre y cuando no cometan delitos electorales, sea quien sea, de donde sea.»
Finalmente, la gobernadora insistió en que el gobierno estatal deberá actuar ante cualquier eventual utilización de programas sociales o recursos públicos para favorecer a determinados aspirantes.